Las asociaciones y grupos organizadores de la manifestación queremos expresar nuestro más enérgico desacuerdo con los argumentos esgrimidos por la Delegada del Gobierno para prohibir la misma y por ello exponemos:
· Nuestra intención. Con este acto se pretende denunciar la inmensa cantidad de dinero, 11.000 millones de euros de los impuestos de todos, que el Estado entrega anualmente a las Iglesias. No hemos solicitado ninguna manifestación atea, sino una manifestación de protesta por estos privilegios económicos, en una época de crisis en la que se está recortando en servicios sociales esenciales. Es la propia Delegación la que ha transformado esta denuncia económica en una cuestión política e ideológica.
· El día elegido. El derecho a la reunión, a la manifestación y a la libre expresión es de todos y todos los días. En un Estado democrático y aconfesional, estos derechos fundamentales no deberían estar limitados por el calendario de festejos cristiano ni de ninguna otra religión.
· El lugar elegido. Las calles propuestas, tres itinerarios diferentes en el barrio de Lavapiés, discurren en su mayoría por una zona de circulación restringida, por lo que son de escaso tráfico. En esta zona se ubican parroquias, sí, como en cualquier otra de la ciudad de Madrid. El recorrido y la hora han sido estudiados para no coincidir con ninguna procesión católica. No queremos provocar a nadie ni herir nuestra propia sensibilidad con imágenes de sufrimiento.
· La Semana Santa y el turismo. Nos acusan de falta de respeto hacia la religión pero la propia Delegación trata los actos religiosos como atracción turística festivo-lúdica. Mejor parada saldría la imagen de Madrid si se mostrase el lado amable y de buena convivencia de la ciudad, que tiene una de sus máximas expresiones en Lavapiés. Permitir esta manifestación sería una muestra más de normalidad, variedad de opciones culturales y civismo. Tampoco parece lógico que para proteger la libertad religiosa, se tenga que restringir la libertad de los no creyentes.
· La vulneración del orden público. En el caso de que el orden público se vea alterado por la presencia de contra-manifestantes o grupos antagónicos a esta manifestación, la obligación de la Delegación del Gobierno es defender nuestra integridad física y el derecho a manifestarnos, y no prohibirnos la libre expresión.
Lamentamos que un cargo público como es la Delegada del Gobierno, autodeclarada agnóstica, emitiera juicios de valor a la vez que reconocía no haber podido estudiar todavía la solicitud. Expresó opiniones personales impropias de la objetividad que supuestamente debe mantener.
Finalmente, manifestamos la inquebrantable intención de seguir reivindicando nuestros derechos como seres humanos sanos y libres.
Asociaciones y grupos organizadores de la manifestación “Ningún privilegio a las iglesias. De mis impuestos, a las iglesias CERO”
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